¿Audiencias Judiciales Virtuales?

En tiempos de pandemia y aislamiento social, el uso de las herramientas electrónicas forman parte de la rutina cotidiana de muchas entidades y profesionales.

La “Justicia Electrónica” es la que hace un uso inclusivo y extensivo de las tecnologías de información y la comunicación (TIC) tanto en el ámbito de la gestión documental, notificación y comunicación de los expedientes judiciales.

En nuestro país, se ha dado un avance en el uso de la tecnología al llevar a cabo la implementación del expediente electrónico, el cual permite que los usuarios tengan acceso en tiempo real a la información de su expediente judicial. Asimismo, permite que los usuarios sean notificados de manera electrónica, lo que ha brindado rapidez en el cumplimento de los plazos judiciales, así como la presentación en tiempo, de escritos judiciales mediante las herramientas tecnológ expedientes judiciales icas que brinda el sistema judicial.

Ahora bien, con motivo de la crisis generada por el virus COVID-19 a nivel mundial, como país nos vemos obligados a buscar diferentes vías o alternativas para evitar que los procesos en los cuales deben llevarse a cabo audiencias orales no se vean afectados. Por lo tanto, resulta absolutamente necesario gestionar procesos judiciales de forma eficiente, evitando diligencias presenciales por medio de la implementación de audiencias virtuales.

Dicha metodología permitirá establecer una comunicación entre los sujetos procesales , partes y Tribunal, a fin de facilitar la realización de los actos procesales, evitar gastos de traslado y lo más importante, cumplir con una justicia pronta y cumplida, de conformidad con la Constitución Política y lo preceptuado en su artículo 41.

En este contexto, el proceso de digitalización del sistema judicial costarricense ha sido liderado por el Poder Judicial de Costa Rica, el cual ha desarrollado plataformas como el Sistema de Gestión en Línea y el expediente judicial electrónico. Estas herramientas han permitido no solo la continuidad del servicio público de justicia durante situaciones excepcionales, sino también una mejora sustancial en términos de transparencia, trazabilidad y acceso a la información.

Asimismo, la implementación de audiencias virtuales encuentra sustento en principios procesales fundamentales como la economía procesal, la celeridad y la eficiencia, los cuales han sido reconocidos tanto en la legislación como en la jurisprudencia nacional. En particular, el uso de medios tecnológicos para la celebración de audiencias ha sido avalado siempre que se respeten las garantías del debido proceso, tales como el derecho de defensa, la inmediación judicial y la publicidad del proceso.

Por otra parte, el marco normativo costarricense también respalda el uso de tecnologías en la Administración Pública. La Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos (Ley N.º 8454) otorga validez jurídica a los documentos electrónicos y a la firma digital, equiparándolos a sus equivalentes físicos, lo cual resulta esencial para la tramitación de procesos judiciales en entornos digitales.

De igual forma, el Código Procesal Civil de Costa Rica incorpora disposiciones que promueven el uso de medios electrónicos para la gestión de los procesos, incluyendo notificaciones electrónicas, presentación de escritos y realización de audiencias mediante videoconferencia, en concordancia con las tendencias modernas de justicia digital.

No debe dejarse de lado que la adopción de estas tecnologías también plantea retos importantes, tales como la brecha digital, la seguridad de la información y la protección de datos personales. En este sentido, resulta fundamental que las instituciones adopten medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información judicial, conforme a estándares técnicos y legales vigentes.

En conclusión, la justicia electrónica en Costa Rica no solo ha sido una respuesta a la coyuntura generada por la pandemia, sino que representa un paso firme hacia la modernización del sistema judicial. Su consolidación permitirá fortalecer el acceso a la justicia, optimizar los recursos institucionales y garantizar un servicio más ágil, eficiente y acorde con las necesidades de la sociedad actual.

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