La evolución del mercado, la compra de bienes y servicios envueltas en el desarrollo de la Sociedad de la Información, quedan condicionadas por exigencias de celeridad y eficacia en la solución de las controversias, surgidas con los consumidores.
En Costa Rica las vías para operar por medio de mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos, como el arbitraje, están claramente permitidas y motivadas tanto por la Ley No. 7727, de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, como la propia Ley No. 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, cuando en su artículo 58, establece:
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“En cualquier momento y de común acuerdo, las partes pueden someter su diferendo, de forma definitiva, ante un árbitro o tribunal arbitral, para lo cual deben cubrir los gastos que se originen.
Las partes pueden escoger al árbitro o al tribunal arbitral de una lista-registro que, al efecto, debe llevar la Comisión nacional del consumidor. Los árbitros pueden cobrar honorarios por sus servicios. (…)”
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Si bien la elección de árbitros por vía de una lista provista por la Comisión Nacional del Consumidor no ha sido puesta a disposición de los usuarios, esto es tema meramente potestativo del consumidor afectado. Por tanto, puede acudirse a cualquier Centro autorizado para la administración de procesos de esta naturaleza, por parte de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC).
En tal sentido, Officium Legal, cuenta con profesionales que tienen no solo vasta experiencia en el campo del arbitraje, sino también en la tramitación de los mismos, por medio los principales y más reconocidos Centros autorizados del país. Así también, asesoramos en la debida preparación de acuerdos arbitrales como prevención de futuros litigios surgidos entre las partes, abarcando todos los aspectos necesarios para su correcta implementación.